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El concurso de acreedores es un instrumento al que las empresas y las personas físicas pueden recurrir cuando no disponen del activo suficiente para hacer frente a sus obligaciones económicas. Es decir, cuando el deudor se enfrenta a una falta de solvencia y no puede pagar a sus acreedores, nóminas u otras cuentas.
El concurso de acreedores se ejecuta a través de un procedimiento jurídico, y tiene como objetivo salvar la situación de la empresa y su continuidad, así como garantizar que los acreedores cobren, al menos, una parte de la deuda pendiente. Esto se hará mediante la organización de los recursos de los que dispone la empresa.
Es aplicable a empresas de cualquier tamaño (grandes y pymes), a autónomos y a personas físicas que se encuentren en una situación de insolvencia. En la actualidad, la gran mayoría de los concursos de acreedores que se presentan en España son declarados por empresas.
Presentar un concurso de acreedores tiene algunas ventajas, como ofrecer a los acreedores la oportunidad de cobrar las cuentas pendientes y, a la empresa deudora, la opción de empezar de nuevo.
La ley que regula el concurso de acreedores es la 22/2003 del 9 de julio.
Según quién lo solicita, existen dos tipos de concurso de acreedores:
El concurso de acreedores se debe solicitar cuando se prevé una situación de insolvencia inminente, con la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones económicas de forma regular. Estas pueden ser pagos a proveedores, pero también obligaciones tributarias, crediticias, salariales, etc.
El concurso de acreedores es un instrumento que pretende satisfacer el mayor número de deudas posible sin afectar en gran medida a los trabajadores, en el caso de que se trate de una empresa. Es por ello que se debe presentar la solicitud en el momento en que se detecte una posible insolvencia y no esperar a que ésta sea actual.
El deudor estará obligado a presentar la solicitud de concurso en un plazo de dos meses desde que se prevé la situación de insolvencia inminente.
Lo hará presentando una demanda al juzgado mercantil solicitando la declaración concursal, acompañado constantemente por un profesional de la abogacía que pueda asesorar y solucionar cualquier tipo de inconveniente que se presente.
Todo concurso de acreedores consta de 4 fases:
La fase común, a su vez, se divide en cuatro fases.
En la primera fase se presentará la solicitud de concurso, indicando cuál es el estado de insolvencia (actual o inminente). También se aportará la documentación necesaria, como la memoria económica o la lista de acreedores. El juez estudiará la solicitud.
En la segunda fase se emitirá la resolución judicial, confirmando si la solicitud se admite a trámite o no. Si la solicitud es admitida, se declarará el concurso y este se publicará en el BOE. En esta fase los acreedores tienen la oportunidad de presentar la solicitud de cobro correspondiente.
En las fases tres y cuatro se declararán las masas activas y pasivas de la empresa y se clasificarán sus deudas. También se designará al administrador concursal.
En esta fase se iniciará la negociación con los acreedores. Se presentarán propuestas de quita o moratoria por ambas partes, y posteriormente se votarán en la junta de acreedores.
Si las partes llegan a un acuerdo, se buscará la continuidad de la actividad de la empresa y el cumplimiento de lo convenido previamente.
En caso de que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones o, si ésta lo solicita, se iniciará la fase de liquidación. Ésta será totalmente gestionada por el administrador concursal.
Ésta consiste en la venta de todos los activos del deudor con el objetivo de cubrir el máximo de obligaciones posibles, siguiendo el orden de prioridad establecido por ley.
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En esta fase, posterior al concurso, se evaluará el desarrollo del mismo y se estudiará la causa de la insolvencia con el fin de detectar el grado de responsabilidad del administrador y calificarla como fortuita o culpable.
Si se determina culpable, los administradores no podrán gestionar bienes ajenos y deberán devolver todos los bienes e indemnizar a los afectados.
El concurso de acreedores tiene como objetivo facilitar la continuidad de una empresa cuando ésta se encuentra en una situación de insolvencia y, si esto no es posible, garantizar una repartición justa y equitativa de los bienes con el fin de afectar lo menos posible a los acreedores involucrados.
Durante estos años, el número de empresas en concurso de acreedores ha ido aumentando, con una disminución drástica en a partir de 2020 a causa de la moratoria concursal en la que España se encuentra actualmente. Esto puede suponer una oportunidad para las empresas en crisis para buscar financiación, intentar iniciar una recuperación económica y salir del riesgo de insolvencia.
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