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La mayoría de países de Europa han realizado importantes reformas en sus sistemas de Seguridad Social durante las últimas décadas.
Considerando que el fondo de la Seguridad Social española incurrió en déficit en 2016, y que en 2017 lo volvió a hacer (para ese año la desviación del fondo de la seguridad social fue de 1,6 % y sólo será superado por el déficit que registre la Administración Central), queda bastante patente la necesidad de un cambio en el modelo imperante.
Ante esta la situación, el Ejecutivo desvía la mirada hacia el resto de sistemas de Seguridad Social europeos en busca de una alternativa sólida. Seguidamente se presentan algunos de los más exitosos.
La reforma de la seguridad social de Suecia ha sido la más profunda. Durante los años 90 transformó un sistema que era de puro reparto, como es el sistema español, respecto de las cuentas nacionales.
La reforma, sin eliminar el pilar de la protección social, es decir, las pensiones públicas, generó un segundo pilar, consistente en crear cuentas individuales a las que cada trabajador destina, desde entonces de manera obligatoria, 2,5 puntos totales de sus cotizaciones, lo cual supera el 18% de su salario anual.
Este dinero, que se ha acumulado en las cuentas de Suecia, ha sido invertido en planes privados de pensiones para los trabajadores. Desde el año 2001, los trabajadores de Suecia pueden elegir dónde invertir su cuenta individual.
Con esto se ha conseguido completar el resto de las protecciones públicas, además de las jubilaciones, es decir, las pensiones por invalidez, viudedad, prestaciones por maternidad, excedencias por los cuidados de los hijos, entre otras.
El sesenta por ciento de los trabajadores ha elegido que sus cotizaciones de cuenta nacional vayan al fondo que gestiona el Estado. De ser aplicado este modelo en España, podrían producirse reticencias, debido a su característica obligatoriedad.
Durante el año 2005 una comisión realizó la reforma del sistema de la seguridad social en el Reino Unido. Se planteó un aumento para destinar más dinero a las pensiones públicas básicas, que tienen menos cuantía que las del sistema español.
Esta comisión decidió centrar sus esfuerzos en reforzar las pensiones privadas complementarias, para que pasaran de 2,2% del PIB al 7,4%. Esto supone una obligación para las empresas, que deben ofrecer planes privados de pensiones para aquellos trabajadores que ganan más de 10.000 libras al año, indiferentemente del tipo de contrato que se tenga.
Los trabajadores tienen la posibilidad de renunciar a este tipo plan. Pero hasta este momento, parece que alrededor de 20% de ellos no han querido sumarse. El dinero se ha invertido en productos financieros, gestionados por la empresa pública NEST.
El modelo de Reino Unido sería el que más posibilidades tendría de inspiración a España, ya que el trabajador no es obligado, lo cual resulta más acorde con el marco legal que establece la Constitución Española.
Durante el año 2004 introdujeron en su sistema de Seguridad Social el factor de sostenibilidad, que ajusta las pensiones públicas en función de la tasa de afiliados a la seguridad social por pensionista y reforzaron las pensiones complementarias privadas.
El gobierno alemán obliga a las empresas y a sus trabajadores a destinar el 4% de su cotización a un fondo privado, pero se subvenciona de forma directa la mayoría de la aportación. En el caso de las rentas menores, se subvenciona hasta 90%.
Esto ha ayudado a 78 % de los trabajadores a compensar sin problemas la disminución que se espera de las pensiones públicas en el medio y largo plazo.
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