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La gestión de pagos y cobros es una parte crítica en las finanzas de la empresa. Las pymes que operan como proveedoras en el sector B2B son las que sufren en mayor medida las consecuencias de los plazos de pago muy largos.
En este artículo, analizamos el impacto de los plazos de pago a proveedores, lo que dice la ley al respecto y las medidas que pueden tomar las pymes para cobrar sus facturas sin dilación.
La primera regulación de los plazos de pago de facturas en España tuvo lugar en 2004 y establecía un máximo de 30 días naturales. Posteriormente, en 2010 este plazo se amplió hasta 60 días naturales, una modificación que afectaba negativamente a las empresas de menor tamaño.
En la actualidad, el periodo máximo legal para el pago de facturas se recoge en la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, aprobada en 2013. Esta normativa establece 30 días naturales para pagar las facturas y 60 días, si cliente y proveedor están de acuerdo. No obstante, en 2016 una sentencia del Tribunal Supremo indicó que los plazos no pueden alargarse por acuerdo entre las partes.
Entre las principales excepciones de esta ley, cabe mencionar el caso de las administraciones públicas. Según la Ley 9/2017, las empresas proveedoras deben acreditar la entrega de bienes o servicios, cuya recepción debe ser confirmada en un máximo de 30 días por parte de la Administración. A estos tiempos, hay que sumar otros 30 días naturales para el pago de facturas, es decir, un máximo de 60 días naturales.
Los plazos de pago prolongados son un problema que genera elevados niveles de morosidad, no solo en nuestro país. Esta situación afecta especialmente a pymes y autónomos, que no tienen capacidad de negociación frente a prácticas abusivas por parte de las grandes multinacionales.
La magnitud del problema es tal que la Comisión Europea propuso recientemente aprobar un reglamento único para toda la Unión Europea, con un plazo máximo único de 30 días para operaciones B2B o con la Administración.
Y es que la Comisión estima que, en Europa, el 50% de las facturas vinculadas a operaciones comerciales entre empresas se paga con retraso o, directamente, no se abona. Los problemas de liquidez a causa de la morosidad provocan el 25% de las quiebras de empresas.
Otras consecuencias que se derivan de los retrasos son la imposibilidad de crecimiento de la empresa y las dificultades para contratar nuevos empleados. En algunos casos, la situación puede llevar a despidos y a serios problemas para la continuidad de la pyme.
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Las pymes y autónomos disponen de mecanismos legales para reclamar una factura impagada, pero la inversión de tiempo y recursos es importante. Entre las medidas que se pueden tomar cuando se incumple el plazo máximo legal de pagos están las siguientes:
En el periodo de tiempo que transcurre mientras se llevan a cabo acciones legales, es muy probable que la empresa proveedora tenga que abonar a Hacienda el IVA repercutido de la factura, aunque no la haya cobrado. No obstante, cuando se considera que la factura no se podrá cobrar, es posible recuperar el IVA pagado por adelantado.
La mejor forma de conseguir que los clientes cumplan con el plazo máximo legal es prevenir. Para conseguirlo, es fundamental organizar bien el proceso de facturación, preferiblemente con un software que permita automatizar tareas y realizar seguimiento de pagos.
Es muy recomendable reflejar la política de cobro en el contrato y, sobre todo, establecer una comunicación clara con el cliente sobre los plazos de pago de las facturas y la forma de abono. Los pagos por transferencia bancaria ofrecen mayor tasa de cumplimiento que los métodos tradicionales.
Finalmente, es crucial intentar negociar fechas de vencimiento a corto plazo y solicitar un anticipo cuando la empresa proveedora necesita realizar un desembolso para realizar el encargo.
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