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Después de que las empresas vivieran sus peores momentos durante la pandemia de covid-19, con cierres y paros en la actividad a causa del confinamiento y las restricciones, durante los últimos meses se ha empezado a hacer referencia a algunos indicios de recuperación.
Las noticias más recientes indican que muchas de las firmas del Ibex reportaron, el pasado septiembre, beneficios superiores a los que obtuvieron en épocas anteriores al covid-19. Indicadores como el EBITDA han aumentado en un 70% en relación a 2020 y casi un 24% comparado con 2019, lo que parecen buenas noticias.
Asimismo, para poder afirmar que el tejido empresarial español está recuperándose con éxito, es necesario observar los resultados de aquellas compañías que conforman más del 95% de éste: las PYMES.
Parece que las PYMES son las que más han sufrido y sufrirán con la crisis de la pandemia. A finales de 2020 se confirmaba que un 99,7% de las empresas que habían desaparecido tenían menos de 50 trabajadores.
Aunque se habla de recuperación cabe destacar que, estas empresas, especialmente en los sectores de la hostelería, el comercio y la restauración, son las que han tenido que pagar las consecuencias de las medidas tomadas para paliar los efectos de la pandemia.
El endeudamiento al que han tenido que recurrir para poder hacer frente a los pagos cuando no disponían de ningún tipo de ingreso ha aumentado su presión financiera y su falta de liquidez. Esto, por su parte, dificulta el acceso de estas PYMES a la financiación tradicional ya que se encuentran, cada vez más, con mayores obstáculos para obtener la liquidez que necesitan.
Según un estudio realizado por el BCE, las PYMES han sufrido un descenso del 35% en su beneficio y un 29% en la cifra de negocio. Este hecho confirma que estas empresas están sufriendo graves estragos, ya no sólo a nivel español, sino también europeo.
De este modo, se puede afirmar que la recuperación PYME no está sucediendo de la misma forma ni al mismo ritmo que la de las grandes empresas, especialmente las del Ibex. ¿A qué se puede deber esta desigualdad?
Los largos periodos de pago con los que se encuentran las empresas en España siempre han resultado un problema para el desarrollo de su actividad. Estos superan con creces el límite legal de 60 días para empresas privadas establecido por la Ley de Morosidad.
Por su parte, las grandes empresas exigen cobros a 30 días o incluso al contado, tal y como demuestra el estudio sobre los periodos medios de pago durante el primer trimestre de 2021 llevado a cabo por Informa.
A medida que el tamaño de la empresa aumenta, los pagos al contado disminuyen y los pagos a 30, 60, 90 y 120 aumentan, llegando a los 191 días que el Ibex tarda en pagar.
En el documento también podemos ver que, aunque el plazo de pago descendió moderadamente con la crisis de 2008, a partir del tercer trimestre de 2017 ha ido en aumento hasta alcanzar su máximo en 5 años con una media de 94 días, cifra muy superior al límite legal.
Para una compañía, establecer las condiciones al inicio de su relación comercial con una gran empresa supone un proceso difícil ya que muchas veces debe ceder en aspectos clave para poder continuar con la negociación. Además, algunas empresas con más poder de negociación pueden llegar a tomarse la licencia de retrasar el pago de sus facturas, alargando, aún más, el plazo de cobro de la PYME.
Las PYMES afirman que estas condiciones impuestas por las grandes empresas como requisito para su colaboración derivan en falta de liquidez para ellas, así como en una gran cartera de clientes morosos, con facturas pendientes que llegan a ser declaradas en el IVA trimestral sin haberlas cobrado aún.
Esta falta de liquidez repercute en tensiones constantes de tesorería y en una limitación en el acceso al crédito, principales frenos para la recuperación de cualquier empresa.
Según Cepyme, el coste de oportunidad por no poder hacer un uso de la liquidez a causa de la morosidad en España se sitúa por encima de los 850 millones de euros. A esto, además, se le añaden las pérdidas directas por los costes del impago.
Por ello, las empresas se ven obligadas a recurrir a la solicitud de más crédito y a un endeudamiento mayor para hacer frente a los costes de su actividad y sus inversiones, mientras esperan a cobrar aquello que ya han vendido a las grandes empresas.
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La solución a este problema al que se enfrentan las pymes pasa por hacer que las empresas a cumplan la ley de morosidad, que establece el límite en un periodo de pago de 60 días.
A día de hoy, no pagar a tiempo sale gratis para las empresas ya que, aunque el reglamento diga que no se puede pagar a más de 60 días, la penalización que se recibe por ello es nula.
CEPYME lleva años reclamando que se establezcan sanciones por aquellos retrasos y periodos de pago más largos para que, así, las empresas sean más conscientes de los problemas que un pago tardío puede acarrear para sus proveedores.
Por otro lado, la asociación también pide que se fijen unas condiciones que contemplen el retraso en los pagos para poder recibir el dinero de los Fondos Europeos. De esta manera, las empresas deberán cumplir con la ley de morosidad si quieren recibir las ayudas europeas.
Es necesario un plan de actuación por parte del Gobierno para ayudar a las pymes españolas a conseguir la liquidez que necesitan. Una mayor vigilancia sobre la distribución de los fondos, como en el caso de los créditos ICO, podría haber contribuido a incrementar la calidad de la recepción del dinero por parte de las empresas y a una mejor adjudicación de estos.
En conclusión, parece que la recuperación exitosa de algunos sectores podría ser a costa de la presión financiera de otros. Teniendo en cuenta que sólo podemos afirmar el progreso cuando progresamos todos, es indispensable que las medidas que se tomen para evitar la morosidad y el aumento en los días de pago incluyan a todas las empresas y penalicen este tipo de condiciones.
Ahora más que nunca, las empresas necesitan liquidez para poder recuperarse, invertir y volver a activar la economía en España, y la medida más efectiva sería reducir la morosidad y obligar a las empresas a cumplir los periodos de pago establecidos por ley.
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