España bate récord en deuda pública. ¿Qué consecuencias tiene para la economía?

La deuda pública ha sido un problema que siempre ha sobrevolado sobre la economía española. Nuestro país arrastra una larga tradición de excesivo endeudamiento público siendo el punto álgido el que se alcanzó en el siglo XIX con las guerras que acabaron con la pérdida de las últimas colonias.

A partir de ese momento, el índice de deuda se suavizó y llegó a estar en niveles de menos del 7 % del PIB en 1975. Pero el desarrollo posterior hizo que el país no tuviera más remedio que recurrir a la financiación para afrontar los gastos e inversiones necesarios.

Con la llegada de la crisis de 2008, la deuda pública española se disparó y puso al país en una situación muy complicada. Ya en 2014 lo que debía España a quienes le habían prestado dinero era superior al 100 % del PIB.

La pandemia de covid-19 ha disparado la deuda pública en todos los países, pero en el caso de España estamos viendo cifras que no se registraban desde hace más de un siglo. En el primer trimestre de 2021 la deuda superaba el 125 % del PIB. ¿Qué consecuencias va a tener esto?

Menor crecimiento económico

Cuando un país necesita financiación el crédito se redirige del sector privado al público. Para los inversores es más rentable prestarle dinero al Estado que a empresas o particulares.

La consecuencia directa es que el crédito privado no fluye como debería, ralentizando el crecimiento de la economía. 

Desciende la productividad

Si el crecimiento económico se para, la productividad sigue el mismo camino. Esto ocurre básicamente porque se paraliza o desciende mucho la inversión.

Tanto las empresas como el Estado van perdiendo competitividad, se quedan atrás. En consecuencia, resultan mucho menos atractivas para aquellos que desean invertir. Las empresas lo tienen más complicado para mantener o mejorar su posición en el mercado y los países en el ámbito internacional.

Los ajustes drásticos se vuelven imprescindibles

Durante la crisis de 2008 no quedó más remedio que hacer importantes ajustes como congelar los sueldos de los funcionarios y las pensiones de los jubilados, reducir el número de becas, rebajar la inversión pública o llevar a cabo una dura reforma laboral.

Como integrante de la Unión Europea, España está obligada a cumplir con los estándares económicos establecidos y a no rebasar un cierto límite de déficit. Si no cumple con sus compromisos económicos, sus socios europeos no dudarán en exigir que se adopten nuevas medidas drásticas que reduzcan la deuda.

En los casos más graves, si la deuda pública se dispara muy por encima del PIB, el Estado puede acabar llegando a una situación de quiebra.

El entorno es favorable (de momento)

Aunque la deuda pública está en niveles de récord, la buena noticia es que estamos en un escenario que es bastante positivo y hace que la situación no sea grave. Ahora mismo los plazos de vencimiento que se aplican son bastante largos, los tipos de interés están bajos y los Estados más endeudados cuentan con el apoyo del BCE.

Pero los economistas coinciden al señalar que esta situación “idílica” no durará para siempre. Si cambian las circunstancias en el mercado, a España podría resultarle especialmente complicado devolver todo el dinero que debe.

No existe una solución mágica para librarse de la deuda, así que son los propios Estados los que tienen que procurar que la situación no empeore. Para ello, hay que conseguir que el crecimiento económico sea duradero. Si el PIB crece y no se abusa de la deuda pública, el país consigue reducir poco a poco la cantidad que debe, haciendo que la situación sea sostenible y no suponga ningún problema.

Tal y como confirman los economistas, la disciplina fiscal es ahora más importante que nunca. La pandemia hace que estemos en un escenario de completa incertidumbre, en el que la recuperación podría verse seriamente dañada si llegan nuevas olas o si empiezan a extenderse variantes resistentes a las vacunas.

Aunque la planificación fiscal y económica es mucho más complicada en un entorno de incertidumbre, los Estados deben actuar con la máxima diligencia posible y encontrar el equilibrio entre obtener la financiación que necesitan y no acabar generando un problema que podría lastrar la economía del país durante décadas.