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Cobrar tarde sigue siendo uno de los grandes lastres para la tesorería de las empresas españolas. La ley fija un plazo máximo de 60 días en las operaciones entre empresas, pero la realidad del día a día va por otro lado: facturas que se alargan, clientes que pagan cuando pueden y proveedores que acaban financiando a sus clientes sin quererlo.
Para entender en qué punto estamos, hemos reunido los datos más recientes publicados por CEPYME, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Informa D&B y el BOE.
En este artículo te contamos las cifras clave de la morosidad en 2026 y qué puede hacer tu empresa para protegerse.
Según el Observatorio de Morosidad de CEPYME (segundo semestre de 2025), el periodo medio de pago se situó en 80,5 días en 2025. Es apenas 0,6 días menos que el año anterior y un 34 % por encima del límite legal.
Otras fuentes ofrecen cifras algo más bajas porque miden de forma distinta: la PMcM sitúa el plazo medio del sector privado en 67 días y el Banco de España, en 64. Pero todas coinciden en lo importante: ninguna baja de los 60 días que marca la ley.
CEPYME cifra en 1.957 millones de euros el esfuerzo financiero que soportaron las pymes a cierre de 2025 por culpa de la deuda comercial. Es el coste de financiar, con recursos propios o con deuda, el dinero que los clientes todavía no han pagado.
Este coste no aparece con su nombre en la cuenta de resultados, pero se nota en la rentabilidad: en los intereses, en las tensiones de caja y en las oportunidades que se dejan pasar.
Según el estudio de Informa D&B del primer trimestre de 2026, las empresas españolas pagan con un retraso medio de 14,42 días sobre el plazo pactado. La media europea es de 13,15 días, por lo que España tarda 1,27 días más.
Con este dato, España repite como el quinto país de la UE con mayores retrasos, solo por detrás de Portugal (23,60 días), Italia (16,22), Francia (15,75) e Irlanda (15,22). En el extremo opuesto, Países Bajos apenas acumula 2,93 días de demora.
En el primer trimestre de 2026, solo el 43,94 % de los pagos se realizó puntualmente en el conjunto de sectores, según datos de Informa D&B. Además, el 3,96 % de los pagos llegó con más de 90 días de retraso.
Por eso es tan importante conocer bien a quién se vende y en qué condiciones.
En esta guía hemos recopilado 10 recomendaciones esenciales para optimizar tu flujo de caja durante una crisis de liquidez.
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Los datos de CEPYME de cierre de 2025 muestran grandes diferencias entre sectores:
| Sector | Periodo medio de pago 2025 | Variación anual |
|---|---|---|
| Agroalimentario | 96,5 días | +6,1 días |
| Construcción | 74,4 días | +1,4 días |
| Industria | 74,3 días | −1,7 días |
| Servicios | 70,6 días | −3,1 días |
Los sectores que venden a la Administración o a grandes contratistas son los más expuestos, porque heredan los plazos de quien está por encima en la cadena.
La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad permite reclamar intereses de demora automáticamente, sin necesidad de aviso previo. Según la resolución publicada en el BOE, el tipo legal para el segundo semestre de 2026 es del 10,40 % (el 2,40 % del BCE más 8 puntos). A ello se suma una compensación fija de 40 euros por los costes de cobro.
Por ejemplo, una factura de 10.000 € pagada con 45 días de retraso generaría 128,22 € de intereses, que con la compensación fija suman 168,22 €. En la práctica, muchas empresas no los reclaman por miedo a perder al cliente, pero conocer este derecho refuerza tu posición frente a un cliente moroso.
La Comisión Europea trabaja en un Reglamento de lucha contra la morosidad que sustituiría a la directiva actual. La propuesta plantea un plazo máximo de pago de 30 días, autoridades de supervisión y sanciones automáticas por incumplimiento.
Eso sí, el texto sigue en negociación y ha incorporado excepciones sectoriales, por lo que todavía no hay fecha de aplicación. A esto se sumará la futura factura electrónica B2B obligatoria, que exigirá informar de la fecha de pago de cada factura y dará mucha más visibilidad a los retrasos.
Mientras la normativa avanza, hay medidas que puedes aplicar ya:
Como has visto, las cifras de 2026 confirman que la morosidad sigue siendo un problema estructural en España: los plazos superan la ley, menos de la mitad de los pagos llega a tiempo y el coste para las pymes ronda los 2.000 millones de euros.
La buena noticia es que las empresas no tienen por qué esperar a que cambie la regulación. Controlar el riesgo de cada cliente, reclamar lo que corresponde y reducir el impacto de los plazos de cobro largos permite proteger la tesorería desde hoy.
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