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La Ley Concursal española es la normativa que regula los procesos de insolvencia de las empresas y su reestructuración financiera. Su objetivo principal es garantizar la viabilidad empresarial y proteger a los acreedores, estableciendo un marco legal para la gestión de las situaciones de insolvencia y fomentando la continuidad de las empresas en dificultades.
Esta ley se aplica a todo tipo de empresas, ya sean sociedades anónimas, limitadas, cooperativas, comunidades de bienes o empresarios individuales siempre y cuando se encuentren en situación de insolvencia, es decir, cuando no puedan cumplir con sus obligaciones de pago. La ley establece diferentes fases en el proceso concursal, que deben ser seguidas rigurosamente para conseguir una solución satisfactoria para todas las partes implicadas.
El proceso concursal comienza con la solicitud de concurso voluntario o necesario por parte del deudor o de sus acreedores:
Una vez iniciado el proceso, se nombra un administrador concursal, que se encargará de gestionar los bienes y derechos del deudor, y se suspenden todas las acciones ejecutivas que pudieran perjudicar al patrimonio del deudor.
A continuación, se procede a la fase de convenio o liquidación. En la fase de convenio, el deudor y sus acreedores negocian una solución para la reestructuración financiera de la empresa, que debe ser aprobada por la mayoría de los acreedores.
Si no se consigue un acuerdo satisfactorio, se procede a la fase de liquidación, en la que se vende el patrimonio del deudor para pagar a los acreedores.
Es importante destacar que la Ley Concursal establece medidas especiales para garantizar la continuidad de la empresa. Así, se pueden conceder créditos privilegiados a los trabajadores para garantizar el mantenimiento del empleo y se permite la venta de unidades productivas a empresas solventes para mantener la actividad económica.
Asimismo, también existe la posibilidad de acogerse a un acuerdo de refinanciación, que permite a la empresa negociar con sus acreedores una solución a largo plazo para la situación de insolvencia.
Otra medida para garantizar la viabilidad de la compañía antes de iniciar el concurso es la posibilidad de solicitar el preconcurso de acreedores. Esta figura jurídica permite al deudor negociar con sus acreedores sin llegar a la situación de concurso, evitando así la paralización de la actividad empresarial.
Durante el preconcurso, el deudor tiene la obligación de elaborar un plan de viabilidad y presentarlo a los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo extrajudicial que permita superar la situación de insolvencia.
Las empresas pueden evitar llegar a concurso implementando una serie de medidas preventivas que les permitan mantener una buena salud financiera y evitar situaciones de insolvencia:
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En conclusión, la Ley Concursal española es una normativa esencial para la gestión de las situaciones de insolvencia empresarial, que busca garantizar la viabilidad empresarial y proteger a los acreedores. Su aplicación es fundamental para el mantenimiento de la actividad económica y el empleo, especialmente en momentos de crisis económica.
Aunque el proceso concursal puede ser complejo y requiere la asistencia de profesionales especializados, es fundamental que las empresas con dificultades financieras conozcan las diferentes opciones disponibles para conseguir una solución satisfactoria para todas las partes implicadas.
En este sentido, es importante destacar la importancia de contar con un asesoramiento especializado para afrontar los procesos concursales con las mayores garantías de éxito.
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